El expediente inicia con un informe ambiental de Beroch que data de mayo de 1965. En 1976, la Secretaría de Inteligencia solicita sus antecedentes generales e ideológicos. El investigado era dirigente de la agrupación nacionalista Tacuara.

La secretaría de Guerra 2da. subjefatura ejecutiva envía a la Jefatura de Inteligencia de Policía los antecedentes del ciudadano Carlos Heriberto Pereyra pidiendo se identifique donde vive.

El legajo constituye un pedido de antecedentes de Eugenio Silas Nievas, bajo la presuposición de "actividades terroristas".

El legajo se inicia con un informe recibido por SIPBA de parte de la sección cuarta de Morón, Hurlingham, donde se produjo la detención de Roberto Antonio Barua por "hurto reiterado de automotores". Luego de allanar su domicilio, detectan "material ideológico comunista y peronista", por lo tanto proceden a averiguar sus antecedentes. Finalmente, el legajo recoge noticias en medios del arresto y los perfiles de personas cercanas a su círculo, algunos de los cuales resultaron ser sus compañeros de militancia en la Juventud Peronista y otros, además, sus cómplices.

El legajo se abre con la declaración de un funcionario judicial que denuncia haber sido secuestrado. A partir de las descripciones realizadas por Fernandez Lecce la División Investigaciones remite los identikits de los secuestradores reproducidos mediante fotografías.

El legajo se inicia con una sucesión de notas periodísticas en torno de la desaparición de Néstor Martins, abogado, y de Conrado Centeno Delgadillo, por quienes comienzan a organizarse una serie de actos e intervenciones públicas en reclamo. Descontando algunos pocos memorandum, entre los cuales se cuenta una averiguación de antecedentes, intercambiados por dependencias de la Policía, el legajo sigue las repercusiones mediáticas de los actos conmemorativos por la desaparición de ambos.

Averiguación de antecedentes de Juan Carlos Corzo, aspirante del Colegio de Suboficiales.

La secretaría de informaciones de Estado pide a la Dirección los antecedentes de exiliados y exiliadas bolivianos a causa de supuestas actividades subversivas contra el presidente Hugo Banzer.

La dirección de informaciones antidemocráticas solicita información sobre la existencia de un comité del Partido Comunista. En cumplimiento con ese pedido, el subcomisario de Adolfo Alsina informa que hay un salón donde habrían reuniones secretas pero no un local oficial habilitado. Se envían antecedentes de algunos dirigentes junto con documentación preexistente a la apertura del legajo con referencia a la identificación de los integrantes del partido. En el año 1959, bajo cumplimiento del decreto 4965/59 PEN, se instrumenta la clausura del local. En el año 1966, "los días 28, 29 y 30 de julio próximo pasado, una comisión de la Policía Federal a pedido de colaboración solicitado por el comando del V cuerpo del Ejército procedió a inspeccionar los domicilios de personas sindicadas como comunistas de las localidades de Rivera, Colonia Lapín y Pte Adolfo Alsina". En este marco se incluye la serie de 11 fotografías de personas cuyos domicilios fueron requisados insertas en el legajo adentro de un sobre.
La totalidad de las fotografías pueden ser consultadas en sala. https://www.comisionporlamemoria.org/archivo/consultas/

El 14 de septiembre de 1953 la División Orden Público informa que el 12 del mismo mes se realizó un procedimiento en el local del Comité Central del Partido Comunista en Avellaneda. El informe detalla que se encontraron libros, volantes, afiches y distintos elementos como petardos y cascos de bombas. El informe finaliza enunciando que el local fue clausurado. El legajo continúa con información sobre el Comité del Partido Comunista de Avellaneda y de otros distritos.
La totalidad de las fotografías pueden ser consultadas en sala. https://www.comisionporlamemoria.org/archivo/consultas/